La crisis económica actual, no solo ha afectado a algunos de los países más desarrollados (EE.UU es su principal exponente), sino también, a gran parte de aquellos en vías de desarrollo. Al parecer, muchos de los países en crisis, como los casos de Grecia y Portugal, evidenciaban desde hace mucho tiempo, una economía en apariencia artificial (sostenidas con estímulos de otras naciones). Otros, como España, la gran receptora de inmigrantes y de mano de obra latinoamericana e Italia por nombrar algunos, ya mostraban signos de vulnerabilidad, inestabilidad y recesión económica.
En general, la globalización de esta recesión económica y sus consecuencias, se traduce en los países que la padecen, en el cierre de grandes, medianas y pequeñas industrias productoras de bienes y servicios, cuyo resultado final, no es otro que la reducción o despido de trabajadores, el incremento del desempleo, la pérdida de la estabilidad laboral y como producto de ello, el decrecimiento en el poder de compra y la adquisición de bienes de consumo, con el consiguiente desmejoramiento de los estándares de vida de los ciudadanos.
Sirva la anterior exposición de motivos, para entender y desarrollar algunas ideas, que permitan conciliar o buscar puntos de convergencia, entre los intereses y derechos colectivos de los ciudadanos por sus espacios públicos y su libre movilidad, cuyo garante y representante genuino debe ser el gobierno local y los dispensadores de bienes y servicios a través de la Economía Informal, en procura de eliminar o minimizar la anarquía o desorden social que dicha actividad laboral, genera en ciudades como Cartagena.
Para ello debemos entender, que el ejercicio de vendedor informal, no es una actividad exclusiva de personas sin formación definida. También la realizan individuos con educación profesional, que por alguna circunstancia, no cuentan con un trabajo formal estable, o han quedado cesantes por cierre de empresas, lo que los obliga coyunturalmente a sumarse a quienes por tradición, se desempeñan en la economía informal. Esto se traduce en una alternativa ocupacional temporal, que ayuda a mitigar parte del desempleo y consecuencialmente, también se reducen las posibilidades de que gran número de personas en estado de ociosidad y sin medios de sustento, vayan a engrosar los altos índices de delincuencia.
Estas ventajas relativas que ofrece la economía informal, no pueden privilegiar en modo alguno, el desorden y el caos; mucho menos, la apropiación y ocupación de los espacios públicos de recreación pasiva como plazas y parques, así como tampoco de calles, avenidas y andenes, impidiéndose con ello, el libre tránsito vehicular y la movilidad del ciudadano.
En consecuencia, sin violar el derecho al trabajo que nos asiste como ciudadanos, las alternativas para la solución del problema en Cartagena, deberían estar orientadas a: 1) Restringir el ejercicio de las ventas ambulantes en lugares de alta movilidad, solo a determinados días de funcionamiento a la semana, siempre y cuando estén provistos de una estantería móvil adecuada y ordenada, 2) Confinar esta actividad, en un área espaciosa, donde se garantice la asistencia de clientes, la movilidad, la seguridad, la salubridad y todos los servicios necesarios para el funcionamiento adecuado, tal como ocurre con la Plaza de las Flores, San Andresito, Paseo de los Dulces, 3) Identificar y controlar el número de puestos de venta informal, bajo el dominio de un solo dueño o persona y 4) Establecer incentivos y formalizar convenios entre los vendedores informales y la alcaldía, a objeto de reconvertir la economía informal en una economía formal.
Cartagena de Indias, por sus características particulares y por ser una ciudad receptora del Turismo Nacional y Mundial, además de ser un “Patrimonio Nacional de Colombia” y también “Patrimonio de la Humanidad”, al menos en el recinto amurallado, debe estar exenta de ventas ambulantes, de tarantines y de basura, lo cual contrasta negativamente, con su belleza urbanística colonial.
Lic. Orlando R. Pereira Bustillo
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