DESPLAZADOS, MARGINALIDAD Y…. MOVILIDAD SOCIAL

Imagen D.R.A

Una de las peores y más vergonzosas estigmatizaciones que como colombianos, habíamos venido arrastrando por muchas décadas en el ámbito de la comunidad internacional, era la de ser un pueblo violento y escenario de  una variedad de hechos sangrientos, entre ellos los de naturaleza política, cuyo  origen y desarrollo corría paralelo con la historia de la República y en el pasado reciente, están los generados por las organizaciones criminales pertenecientes al narcotráfico.

En este sentido, opinar sobre lo que podría haber sido el punto de partida de la violencia en Colombia, no es un mero ejercicio de especulación. Por el contrario, su análisis exige una gran dosis de estudio sociológico y político, pero fundamentalmente, tener una visión retrospectiva de la Historia del país y un conocimiento de aquellos hechos que como un “caldo de cultivo”, pudieron ser las  causas que engendraron e incoaron en la población colombiana, los primeros signos de inestabilidad política y de violencia organizada.

Un breve ejercicio sobre las sucesiones presidenciales contemporáneas de Colombia,  partiendo del primer gobierno civil y el último de la década de los años 20, presidido por el presidente Miguel Abadía Méndez (1926-1930) hasta el primer gobierno del Siglo XXI, en cabeza del presidente Andrés Pastrana Borrero (1998-2002), evidencia los pocos avances y limitados aciertos en los ordenes económico, político y social. Más bien contribuyeron a ensanchar aún más, la brecha de la desigualdad y el antagonismo social  cuyo sustrato, lo fue el desempleo, la pobreza y en general  la exclusión  social. Peor aún, aunque hubo algunos intentos (todos fallidos), no lograron controlar las incipientes manifestaciones de violencia política de baja intensidad, las que se convirtieron más tarde en una verdadera calamidad pública social, caracterizada por el crecimiento, fortalecimiento y expansión de las ya existentes guerrillas de las Farc-Ep, así como otros grupos armados como el ELN y las emergentes y actualmente desmovilizadas AUC (Paramilitares).

Aquel estado colombiano insolvente en los asuntos sociales, políticos, económicos y carente además de respuestas para combatir la inseguridad reinante, incapaz de brindarle paz a los colombianos y en vías de convertirse en un estado fallido, comienza a experimentar un gran cambio en  Políticas Sociales y Económicas, gracias a la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática, basada  en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la presencia activa y permanente de éstas y otros organismos de Seguridad Ciudadana a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto permitió el restablecimiento de la presencia de los Concejales, Alcaldes y Agentes de la Fuerza Pública en aquellos Municipios en donde, por causas de la presencia y amenaza de los insurgentes (FARC-EP, ELN y AUC) y otros tipos de grupos violentos, dejaran de cumplir sus funciones en casi la mitad de los 1.112 municipios que carecían de Alcaldes y de la presencia de la fuerza pública.

Muchos fueron los beneficios alcanzados en el orden social y en lo económico, con aquélla estrategia de Seguridad Democrática y grandes los éxitos en el combate de los grupos subversivos como la FARC-EP, ELN y AUC. Pero con la aparición de nuevas estructuras de delincuencia organizada, en sinergia con las agrupaciones subversivas tradicionales, parece reiniciarse el terror y dar al traste con las nuevas políticas del actual gobierno y del Estado colombiano, para la restitución y entrega de tierras a los campesinos y resarcir de esta manera el daño ocasionado y propiciar el retorno a sus lugares de origen de los llamados desplazados.

Ese temor latente y la condición de indefensión de estos grupos humanos, parecen ser hoy las causas de su anclaje en áreas urbanas desprotegidas de políticas sociales, de asistencia y prestación de los más elementales servicios que el municipio, en representación del estado, está en la obligación  de proveer, entre ellos:  salud, educación, vivienda, seguridad ciudadana, asistencia social, trabajo, así como la cobertura de otras necesidades, que ayuden a la consolidación de los barrios y se evite la conformación de los cinturones de marginalidad, promiscuidad y potenciales escenarios proclives a la generación de delincuencia urbana.

Pero la responsabilidad del gobierno y del estado, va más allá de garantizar la presencia de la fuerza pública en aquellos sitios neurálgicos de enfrentamiento armado y de retroceso en lo social. Debe ser fundamentalmente un aliado en el fortalecimiento y promoción de la capacidad creadora de los grupos más vulnerables de la sociedad civil, para lo cual es su deber planificar, desarrollar e implementar políticas públicas en lo social y en lo económico, que ayuden a la recuperación, promoción, inclusión y por ende, a una verdadera movilidad social de los desplazados y en general a los estratos más bajos del espectro social hacía una mejor calidad de vida. Solo así, podrá el estado redimir los años de indiferencia y cerrar con ello, la brecha de la injusticia social.

Lic. Orlando R. Pereira Bustillo

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