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| Fotografía D..R.A. |
Para contextualizar
el problema, hagamos un paréntesis y remitámonos al concepto de Identidad y analicemos
de él, sus implicaciones. En este sentido, como ya lo expresé en uno de mis
escritos, la identidad no solo se remite a la tenencia de una cédula de
ciudadanía con los rasgos filiales de su tenor. Ella como cualidad humana, trasciende de lo meramente personal
individual, al entorno físico-social-ambiental, con el cual se interrelaciona y
se nutre el hombre como ser sociable. Más aún “de ella también hacen parte el
conjunto de principios y valores humanos, conexos con los intereses culturales
y las costumbres propias del entorno vivencial urbano y de civilidad...también
lo son, los monumentos públicos (plazas, cementerios-mausoleos, teatros y salas
de arte) y todas aquellas expresiones que enriquecen y dignifican la identidad
y referencian el gentilicio”. En
estrecha relación con la Identidad, pero en un orden superior está la Ciudadanía
“vista no solo como un simple
derecho político, sino también como aquella condición, enriquecida por todos
esos factores que le dan ‘valor agregado’ a la identidad y van moldeando en
consecuencia, la actitud ciudadana, así como el ‘deber ser’ del comportamiento ciudadano”
Dicho esto, dirijamos ahora nuestra atención a lo que tácita
y claramente expresa nuestra Constitución en lo concerniente a los ‘Derechos
Fundamentales’, de cuyos articulados solo me referiré al que establece: “El trabajo es un derecho y una obligación
social y goza en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.
Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. Aquí
podríamos preguntarnos a manera de reflexión, si la gerencia pública municipal en representación
de ese Estado, ha sido lo suficientemente eficaz y diligente en el diagnóstico
de la demanda laboral y en la ejecución de planes y programas de desarrollo
económico y social. Esto con el fin de que
se pueda cuantificar y promover desde ese importante organismo municipal, soluciones
en lo atinente a la dotación y ubicación de espacios adecuados para el ordenamiento
y organización de la economía informal, en una zona distinta a nuestra histórica
plaza. Con ello, se estarían generando nuevas fuentes de trabajo, que satisfagan
en cierta medida la demanda laboral existente y permitiría la conversión de la economía
informal en una actividad formal. También se le brindaría la oportunidad de
trabajo, a aquellos sectores cuya alternativa ocupacional es la ociosidad, con lo
cual se evitaría que la delincuencia se nutra de personas potencialmente útiles
y disminuyan los niveles de inseguridad ciudadana.
Otra de las estrategias a tomar en cuenta, es la que nos
ofrece la Agenda 21 (Programa 21), instrumento de participación aprobado en la
Cumbre de la Tierra (Rio de Janeiro 1992). La razón de ser de la Agenda 21,
tiene como propósito la solución de problemas en el ámbito local, con la
participación consensuada de los diferentes sectores (sociales, culturales,
económicos y ambientales), a objeto de mejorar la calidad de vida de los
habitantes de dichas comunidades y de los municipios, de allí la importancia de
su apoyo y el de las asociaciones tanto públicas como privadas.
Los argumentos anteriormente expuestos, no constituyen una
crítica a las autoridades municipales, pero si un justificado clamor ciudadano.
Mucho menos un aval a los operadores informales, para la transgresión y
desacato de las leyes y ordenanzas del poder público municipal. Tampoco es una justificación
a la actitud de rebeldía y posición irreflexiva de algunos vendedores, que bajo
el argumento del derecho al trabajo y el cubrimiento de sus necesidades básicas
primarias, hacen de su actividad informal un caos en la utilización de la Plaza
de Arjona, emblema histórico y patrimonio de una “tierra de gente egregia”,
ahora convertida en una vulgar “plaza de mercaderes”. Estas opiniones
constituyen, como ya lo indiqué, una
opción para un acuerdo concertado y civilizado, pero en el entendido que la
Alcaldía como cuentadante y garante del patrimonio de todos los arjoneros, debe
ejercer el principio de autoridad que le confieren las leyes para el
ordenamiento municipal, en aras de preservar y conservar el patrimonio
histórico y cultural de los arjoneros.
Finalmente podemos decir, que tener una identidad y
llamarnos ciudadanos, exige una buena dosis de conciencia y cultura ciudadana sobre
el rol y las responsabilidades que como entes sociales, con derechos y deberes,
debemos poner en práctica e igualmente entender que el interés general
prevalece sobre el interés particular......
Prof. Orlando R. Pereira Bustillo
Twitter: @OrlandoPereiraB
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